FEBRERO 19, 2009
. A pesar
de la tecnología de los instrumentos de comunicación de masas, las triquis
están borradas, invisibles, negadas. Nada sucede. Ninguna autoridad acude,
resuelve, investiga o intenta hacer justicia. Es increíble, por duro y cierto.
Por
Sara Lovera / Desde Abajo
En la zona
Triqui de Oaxaca se vive un estado de violencia insoportable. Los hechos, los
datos, los relatos y la historia de vida de las mujeres indígenas, nos hacen
imaginar que eso no es posible en un estado de derecho y podríamos pensar que
no existe sino que se trata de una novela macabra.
Esto ocurre
en el siglo XXI, de plena globalización; en el 60 aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos, cuando concluyó el siglo calificado de las mujeres y
en el que se nombran con cinismo incontrastable, todos los derechos de las
mujeres, época donde se habla de restitución de la deuda histórica con los
habitantes de los pueblos originales.
A pesar de
la tecnología de los instrumentos de comunicación de masas, las triquis están
borradas, invisibles, negadas. Nada sucede. Ninguna autoridad acude, resuelve,
investiga o intenta hacer justicia. Es increíble, por duro y cierto.
Sólo en los
primeros once meses de 2008, de acuerdo a la “cifra oficial” del procurador del
estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, dice que 55 mujeres fueron asesinadas
en Oaxaca, once triquis; aunque las hay humilladas sexualmente agredidas y
otras desaparecidas.
Ello a
pesar de un documental de cientos de cuartillas escritas por la periodista
Soledad Jarquín y las denuncias sustentadas de organismos civiles de mujeres y
de Derechos Humanos.
El fin de
semana leí en los ojos de Emelia Ortiz, una narración funesta: cansancio y
desencanto. “No hay justicia”, nos dijo este 14 de febrero, año y medio después
en que ella, su tía y las mujeres de las comunidades triquis han tocado todas
las puertas, todas, para que se investigue la desaparición de Daniela y
Virginia Ortiz Ramírez sucedida el sábado 5 de julio de 2007.
Es curioso,
fue Emelia, prima de Daniela y Virginia, habitante en la ciudad de Oaxaca de la
casa de estudiantes triquis, quien quiso celebrar lo que llamó fecha oficial de
la amistad, para atisbar su esperanza.
Mientras
departía, y nos convidaba de una comida tradicional de su pueblo, una forma de
explicarse la solidaridad de mujeres mestizas que están unidas a la búsqueda de
sus primas, esta joven, tierna, sensible e inteligente, narraba cómo desde que
nació vive en un contexto de violencia, que sólo se explica por la encarnizada
lucha de un poder que ella, nos dijo, no entiende.
Estaban
otras mujeres. Esta vez no llegó Antonia, la madre de las dos jovencitas
desparecidas, porque en la región siguen, como es cotidiano, balaceras,
amenazas y persecuciones.
Por eso
Antonia Cruz Ramírez, no pudo viajar al festejo, que con todo, es una
manifestación de vida. Vi en los ojos de Emelia, a pesar de todo, la ilusión de
que alguna autoridad investigue, también su deseo de que haya algún resultado a
las notas periodísticas, a las quejas interpuestas, sobre los hechos, los
datos, los relatos, la tremenda realidad que su generación y la de su tía, experimentan.
Lo que
advertí, fue simplemente abominable. Como lo es el feminicidio cotidiano. El de
Ciudad Juárez, el de Michoacán o el de Chimalhuacán, Estado de México, hasta
ahora irresolubles por un sistema de justicia inoperante, plagado de
corrupción, calificado de inaceptable por los organismos internacionales de
Derechos Humanos.
En la zona
Triqui la desgracia de las mujeres se acumula. Desde 1979, en que entró el
ejército y la comunidad se dividió por razones poco claras. Los hombres de la
misma tierra se enfrentan sistemáticamente.
Las
autoridades aducen hoy, casi 30 años después, que por eso no pueden investigar
ni perseguir a los delincuentes. En realidad se trata de la falta de políticas
para encontrar puntos de acuerdo entre los pueblos enfrentados, originando que
las pugnas continúen inopinadamente. Como continúan las violaciones sexuales a
las mujeres, emigraciones forzadas y asesinatos, como los de Felicitas Martínez
y Teresa Bautista, locutoras de Radio Copala, en abril de 2008.
Las mujeres
recuerdan, anotan, han vivido todo: pérdidas materiales, la quema de sus
viviendas, el robo de ganado y sus cosechas miserables, despojos, actos de
tortura, secuestro y asesinatos de líderes y personas que simpatizaban con tal
o cual grupo.
La lista de
agravios es muy larga. No puede relatarse en este texto, Emelia Ortiz los
conoce, los ha vivido y contado, lo mismo de los hombres enfrentados, como de
integrantes del ejército, a cada agravio se han levantado denuncias. Pero nada
sucede y muchas mujeres ya no quieren denunciar porque dicen que sólo exponen
sus casos, salen en la prensa, la comunidad las señala, pero de sus agresores
nada.
Virginia,
maestra rural de 20 años, salió de su casa el 5 de julio de 2007, acompañada de
su hermana Daniela, de 14 años, para recoger sus cosas de la comunidad de San
Marcos Xinicuesta, puesto que había conseguido que la asignaran a otra escuela
cerca de Rastrojo, su comunidad. Se dirigió en taxi a Putla, donde las vieron
por última vez.
La
desaparición fue denunciada tres días después. No obstante el procurador no
actuó. Declaró que el conflicto político en la zona, le impedía “exponer a sus
hombres”. Han pasado 19 meses. Como ya pasaron tres décadas de las primeras
denuncias que presentaron mujeres triquis ante las entonces autoridades. Esto
me recuerda Acteal, la guerra sucia, me recuerda Ciudad Juárez, me recuerda a
los niños abusados por el legionario de Cristo, a Marcial Maciel, me recuerda
que en este país no importan ni los niños, ni los indígenas, ni las mujeres. Me
indigna.
*Periodista
mexicana. Cumplió 40 años de vida profesional en 2008. Corresponsal de Semlac
en México, integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal y todos los lunes forma parte de la Mesa Periodistas del Canal 21, el
Canal de la Ciudad de México en TV por Internet. Nominada a 1000 mujeres por el
Nobel de la Paz 2005.
¿Dónde están Daniela y
Virginia?
Jueves
19 de marzo de 2009
Por Soledad Jarquín Edgar/ CIMAC 13 de
marzo de 2009 20 meses desaparecidas y nada se sabe de ellas. “Hay indiferencia
de autoridades es una tortura”: mujeres triquis
Oaxaca, Oax.- Son 20 meses de
incertidumbre, de resistirse a creer que están muertas, preferimos pensar que
volverán, dice Emelia Ortiz, prima de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez,
desaparecidas desde el 5 de julio de 2007. Mientras que muchas personas piensan
“en lo rápido que pasa el tiempo”, para nosotras como familia ha sido muy
difícil cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana y cada mes,
que ya suman 20 meses de una larga espera. Emelia tiene razón, la cuenta se
incrementa: son 52.5 millones de segundos ausencia, 875.5 minutos sin
respuesta, 14 mil 592 horas de silencio, 608 días de incertidumbre, 80 semanas
de dolor y 20 meses de un enorme vacío que se palpa en los rostros de las
mujeres que conforman esta familia de origen triqui. Las palabras de Emelia
Ortiz, quien encabeza un comité de familiares, casi todas mujeres, de Daniela y
Virginia en demanda de justicia, se escuchan una y otra vez, cada mes, cada
día, incluso, su voz a veces es tan fuerte que se retoma en los medios, otras
es parte de una historia común, que se hace costumbre y que para muchos deja de
ser noticia. Emelia Ortiz junto con su hermana Adriana, principalmente, “no
bajan la guardia” siguen buscando caminos, tocando puertas y no dejan que la
puerta de la esperanza se cierre, menos aún para Antonia, madre de Daniela y
Virginia.
La tortura del silencio La falta de
respuesta de las autoridades es otra forma de tortura contra la familia, pero
especialmente contra Antonia, explica Emelia. Antonia hace tiempo que no viene
a la ciudad de Oaxaca, está enferma, la tristeza la invade pero la esperanza de
que sus hijas volverán la mantiene en pie, señala Emelia Ortiz. Antonia Ramírez
se quedó en Rastrojo, la pequeña comunidad de donde salieron sus hijas el 5 de
julio de 2007 para recoger las pertenencias de Virginia, maestra bilingüe de 20
años, acompañaba a su hermana Daniela, de 14 años. Sólo dos días después de ese
5 de julio, Antonia de poco más de 40 años de edad, supo que sus hijas estaban
“en desgracia” cuando al no tener noticias de ellas, llamó al teléfono celular
de Virginia. Primero le contestó una voz de hombre, Antonia se asustó y colgó.
Ayudada por otra de sus hijas volvió a marcar, esta vez respondió una mujer, en
el fondo se escuchaba música de banda, la mujer que no dio su nombre dijo que
no conocía a Virginia. Ella, insistió en que era el teléfono de su hija, ya no
tuvo mayor respuesta. Fue el último rastro de sus hijas. Por personas que
conocían a sus hijas, supo que llegaron a Putla, ahí descendieron del taxi que
las trasladó de Rastrojo a la cabecera de ese distrito rentístico, luego ellas
tendrían que tomar otro transporte para llegar a la comunidad de San Marcos
Xinicuesta, donde Virginia recogería sus pertenencias, había logrado obtener su
cambio a una comunidad más cerca de su casa. Nunca llegaron a San Marcos
Xinicuesta, “se perdieron en el camino”. La madre denunció los hechos en la
Subprocuraduría de Juxtlahuaca donde se inició la averiguación 187/2007.
Entonces Emelia y Adriana Ortiz coincidieron en que ya no era posible callar
tantas injusticias con las mujeres triquis, así que empezó a documentar los
casos y junto con sus familiares empezaron a difundir los hechos. Cuando
desaparecieron, el 5 de julio pasado, maestra de educación indígena de 20 años
y su hermana Daniela de 14 años de edad y estudiante de secundaria, se dirigían
a la población de San Marcos Xinicuesta para recoger sus pertenencias, pues
había conseguido su clave para trabajar en La Luz, Llano Nopal, Copala, Juxtlahuaca,
más cerca de Rastrojo, donde vive su familia.
Amenzan con militarizar zona Buscando
respuestas ante tanta incertidumbre una de las primeras actividades fue obtener
una “audiencia” con el procurador del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
La promesa de que habría una búsqueda pronto se terminó sin empezar. Luego,
vino la advertencia del Procurador: la única forma de encontrar a tus primas y
poner paz en la zona triqui será militarizar la zona. Ellas, las mujeres
triquis, dijeron de inmediato que no, el recuerdo de décadas pasadas está
vigente. Esa fue una forma de intimidarnos, pero nunca obtuvimos una solución.
El procurador Martínez Ramírez declaró el 18 de enero de 2008 que el caso
estaba cerrado, porque la familia había difundido rumores sobre el posible
asesinato de las dos jóvenes. Se refieren a la información dada a conocer en
diciembre de 2007 cuando Antonia dio a conocer una llamada telefónica anónima
donde una persona le dice que sus hijas fueron asesinadas, pero Emelia sostiene
que hasta en tanto no tenga sus cuerpos seguirá demandando justicia. Emelia ha
visto pasar el tiempo sin que la respuesta toque la puerta de las familias que
han sido afectadas por la violencia sistemática que se ha instaurado en la zona
triqui, donde existe un viejo conflicto interno que se adereza con la división
del pueblo Triqui, el mismo conflicto que hace 11 meses terminó con la vida de
Teresa Bautista y Felícitas Martínez, ambas comunicadoras de Radio Copala, La
Voz que rompe el silencio.
Las Triquis también son humanas Yo creo
que las autoridades también son padres y madres, tienen hijas e hijos y que
comprenden el dolor que padecemos, señala Emelia Ortiz quien no comprende el
por qué las autoridades siguen sin mirar el dolor de su familia y de muchas
otras familias de la zona Triqui, en especial de las mujeres que han sido
despojadas, de las que viven amenazadas, de las niñas y adultas que han sido
violadas sin que haya justicia para ellas, de las que como Felícitas y Teresa
fueron asesinadas o como sus primas Daniela y Virginia que tienen 20 meses
desaparecidas. En una larga conversación periodística, Emelia Ortiz dice en un
tono que dista de ser sarcástico, que ella como las otras mujeres también son
seres humanas, ciudadanas mexicanas con los mismos derechos y obligaciones, sin
embargo, la falta de resultados, la inacción de las autoridades y la
indiferencia de muchas personas frente a la tragedia de las mujeres triquis
hacen parecer todo lo contrario. En tono severo, Emelia Ortiz apunta que “en
estos momentos me atrevo a decir que los funcionarios pareciera que nos tienen
asco y nos odian”, luego cuando vienen las campañas electorales volvemos a ser
personas importantes para ellos, incluso nos reconocen el derecho a votar,
luego volvemos a ser lo mismo en sus proyectos políticos: nada. Las palabras de
Emelia son duras, tiene rabia por la falta de justicia, porque han pasado 20
meses tocando todas las puertas sin encontrar muchas respuestas, sin saber nada
de Virginia y Daniela. Por eso ahora llama a las otras mujeres del mundo, para
que “vean lo que está pasando con las triquis, que es muy parecida la violencia
a la que viven otras mujeres indígenas y pobres, pero también las no indígenas
y a veces hasta las que no son pobres, por eso tenemos que seguir exigiendo
nuestros derechos, para que los políticos que eligen lo pueblos cumplan sus
proyectos, para que así sea menos pesada la carga de vivir de los impuestos del
pueblo, dice a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Yo, apunta
Emelia Ortiz, como mis hermanas triquis, queremos tenemos derechos, gozar de
las leyes que nos protegen, no queremos vivir más desgracias como si fuéramos
culpables, las responsables de provocar tanta violencia. Las mujeres triquis
queremos dejar de ser personas de tercer calidad, creemos que merecemos más que
estar en el hospital o en el panteón”. Se han ido 20 meses -reitera— sin
Daniela y sin Virginia, no están con nosotras, en nuestras casas, con nuestras
familias, nos hemos perdido de muchas cosas, el domingo pasado se celebró el
Día de la Familia pero la nuestra no está completa y el próximo sábado será el
Día Internacional de la Mujer y las mujeres no tenemos justicia. (Soledad
Jarquín).
Actividades a Dos Años de la Desaparición de las Hermanas Triquis
Virginia y Daniela Ortiz Ramírez
Publicado el 3 junio 2009
“A pesar de todo esto no nos van a detener nuestra lucha es la unidad, es la esperanza de localizar a nuestras
desaparecidas”
El 5 de Julio del 2007, fueron desaparecidas las hermanas
Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, la familia ha emprendido diversas acciones de
presión hacia las autoridades para que se de con su paradero, sin embargo este
caso se suma a la seria de negligencia por parte del Gobierno del Estado de
Oaxaca, así como del Gobierno Federal, debido a que pese que desde el 5 de
diciembre del 2007, se libro orden de aprehensión, a la fecha no se ha
informado nada en relación a su desaparición.
Larga
ha sido el camino, que ha estado lleno de burlas y de falsas promesas de
Evencio Nicolás Martínez (Procurador General de Justicia del estado de Oaxaca),
razón por la cual Doña Antonia, la madre de Virginia y Daniela ha estado
enferma y sin mayor fuerza, sin embargo Emelia quien ha sido una de la
protagonistas incansables en la lucha por la presentación con vida de sus
primas, nos convoca a que impulsemos una serie de acciones de cara al segundo
aniversario de la desaparición forzada de sus primas.
La
propuesta para conmemorar el 2º Aniversario de la desaparición forzada, es la
siguiente:
-El 2
de Julio convocamos a conferencia de prensa para dar a conocer las actividades,
la cual se llevará a cabo a las 13:00 horas en las instalaciones de la Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos filial Oaxaca ubicadas en
Margarita Maza 409
-El 6
de julio se lanzara una acción urgente sobre el caso.
-El 10
de julio a las 12:00 haremos una macha, mitin del crucero de la procuraduría,
donde daremos una conferencia de prensa y solicitaremos una cita con el
procurador a la una de la tarde con presencia de medios.
-El 10
de Julio a las 6 de la tarde se realizará mesa debate sobre la violencia en la
región Triqui, en el marco de la desaparición forzada de mujeres, asesinatos,
violaciones, entre otras formas de violencia.
-Sacar
una carta o pronunciamiento exigiendo la presentación con vida de las mujeres
triquis y de la violencia feminicida en la región.
Esperamos
tu pronta respuesta para suscribir la convocatoria de dichos eventos al correo
yesica@consorciooaxaca.org.mx o al celular 0449511240902
Atentamente
Familiares de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Consorcio Para el Dialogo Parlamentario y la equidad Oaxaca.
A dos
años, sin esclarecerse la desaparición forzada de las indígenas triquis Daniela
y Virginia
Publicado por
@Shinji_Harper el Miércoles, 1 julio 2009
Por Lilia TORRENTERA G.
Por Lilia TORRENTERA G.
Oaxaca, México.- Oaxaca,
México.- A dos años de la desaparición de las hermanas Virginia
y Daniela Ortiz Ramírez, dos indígenas triquis, los gobiernos estatal y
federal no han dado respuesta a la impunidad de este crimen, por lo que
sus familiares realizarán una jornada de actividades para demandar justicia.
Aun cuando se emprendieron diversas
acciones para exigir se investigue esta desaparición, ocurrida el 5 de Julio
del 2007, persiste la negligencia
por parte de los gobierno estatal y federal, señala en un comunicado los
familiares de estados dos jóvenes mujeres.
Señalan que desde el 5 de diciembre del
2007, se libró una orden de aprehensión, sin embargo, a la fecha, no se ha
informado nada en relación a su desaparición.
La indiferencia gubernamental, en
especial del Procurador, Evencio Martínez Ramírez, se indica, ha minado la dignidad
de la familia, razón por la que la salud de Doña Antonia, la madre de Virginia
y Daniela, se ha minado preocupantemente.
Pese a la burla del Estado, es Emelia
quien ha sido una de las protagonistas incansables en la lucha por la
presentación con vida de sus primas.
Por ello, a través del apoyo de Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Consorcio Para el Dialogo
Parlamentario y la Equidad Oaxaca, que ha dado seguimiento al caso, se ha
convocado a una jornada de exigencia para la investigación de la desaparición
forzada de Daniela y Virginia.
Este jueves, se convocará a un
conferencia de prensa para dar a conocer las actividades, la cual se llevará a
cabo a las 13:00 horas en las instalaciones de la Liga Mexicana por la Defensa
de los Derechos Humanos filial Oaxaca ubicadas en Margarita Maza 409
Daniela
y Virginia: desaparecidas desde hace dos años en zona Triqui
Misoginia, indiferencia y discriminación de autoridades
Por
Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca,
Oax., 2 julio 09 (CIMAC).- Misoginia,
indiferencia, discriminación y falta de voluntad por parte de las autoridades
estatales y federales han marcado el caso de la desaparición de las hermanas
Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, denunciaron hoy una veintena de organismos no
gubernamentales en esta ciudad.
El
próximo domingo 5 de julio se cumplirán dos años de la desaparición de las dos
jóvenes triquis, quienes salieron de El Rastrojo para dirigirse a San Marcos
Xinicuesta, destino al que no llegaron, desde entonces su madre Antonia Ramírez
ha pasado cada día esperando que sus hijas entonces de 14 y 20 años aparezcan,
dijo Emelia Ortiz García, prima de las desaparecidas.
En
conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Liga Mexicana de
Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) Oaxaca, el coordinador de este
organismo, Jonathan Hernández Belmonte, apuntó que estos casi dos años han sido
un camino de lucha, desesperanza, sufrimiento para la familia que no han sido
escuchadas en su demanda de presentación con vida de Virginia y Daniela.
Expuso
que pese a las acciones realizadas por la familia de las hermanas Ortiz
Ramírez, en acompañamiento de las organizaciones no gubernamentales, “el Estado
no ha dado un trato digno y con responsabilidad al fenómeno de la violencia contra
las mujeres”.
En
su momento, Yessica Sánchez Maya refirió que los organismos “oficiales”
defensoras de los derechos humanos sólo han buscado argumentos para minimizar
la gravedad de la desaparición forzada de Daniela y Virginia, por un lado la
Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que no existe materia, es decir,
para la institución el caso está finiquitado.
En
tanto la Comisión Oaxaqueña Defensora de Derechos Humanos “ha hecho una burda
propuesta de solución amistosa al Gobierno del Estado”, por lo que los
familiares de Virginia y Daniela reiteran su llamado de presentación con vida
de Virginia y Daniela que este 5 de julio cumplen dos años desaparecidas.
Los
organismos defensores de derechos humanos informaron que el próximo 10 de julio
realizarán una protesta más frente a las instalaciones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, donde exigirán una audiencia con el procurador
y por la tarde habrá una mesa de debate sobre la violencia en la zona Triqui.
Emelia
Ortiz García pidió la solidaridad de la sociedad oaxaqueña frente a la
violencia que viven las mujeres triquis, que tan sólo en este 2009 ha costado
la vida a una mujer de nombre Martina de Jesús Flores, el 14 de mayo 2009, y
han resultado lesionadas otras cuatro mujeres en emboscadas y ataques que
siguen ocurriendo en la zona y que se han recrudecido desde 2006.
AGREDEN
A HIJA DE EMETERIO CRUZ
Por
otra parte Kerly Cruz, hija de Emeterio Cruz, activista de la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien fue agredido en julio de 2007, fue
agredida junto con su familia, por policías del estado, denunció la joven quien
apuntó que “con jalones y empujones” elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública los encerraron en su casa y no los dejaron salir por espacio de más de
una hora.
En
entrevista, Kerly señaló que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz realizó este
jueves una acto público en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, por lo que
desde temprana hora llegaron policías y taparon el andador B, Manzana 5 del
Fraccionamiento Rancho Aguayo, donde ellos viven, impidiendo el tránsito de las
personas.
Expuso
que a las 13 horas, su mamá quien acababa de llegar de su trabajo fue a comprar
tortillas pero los policías no la dejaron pasar, por lo que ella (Kerly) dijo
que con qué derecho no les permitían el paso. La respuesta fue una serie de
insultos de algunos de los elementos de seguridad pública y uno de ellos le dio
un puñetazo en la boca.
Kerly
reclamó y le indicó al policía si la iba a golpear como lo habían hecho con su
papá tras una manifestación en julio de 2007, a lo que el policía que no
identificó le indicó que “no, que esta vez la mataría”.
Frente
a estos hechos la familia salió de su casa, incluyendo Emeterio Cruz, quien aún
presenta secuelas físicas de los golpes recibidos hace dos años, lo que provocó
que unos 30 policías los llevarán hasta su casa a empujones y jalones y los
encerraran en su vivienda, de donde no los dejaron salir hasta una hora después
cuando se retiraron los grupos policíacos.
Kerly
Cruz señaló que su familia tiene interpuesta una denuncia contra el gobernador
Ruiz Ortiz, y que esta vez presentarán denuncias contra la Secretaría de
Seguridad Pública, el secretario particular del presidente municipal de Santa
Cruz Xoxocotlán, de nombre Julio y del presidente de la colonia, quienes
alentaban a los policías para que actuaran contra su familia.
Nosotros
no teníamos ningún interés de intervenir en el evento de Ruiz Ortiz, sin
embargo hemos sido reprimidos por policías que han violentado nuevamente
nuestros derechos por lo que de nueva cuenta presentarán denuncias.
Daniela y Virginia: desaparecidas desde hace dos años en zona
Triqui
Domingo
5 de julio de 2009
Por: Soledad Jarquín Edgar
/ CIMAC Noticias
Misoginia, indiferencia,
discriminación y falta de voluntad por parte de las autoridades estatales y
federales han marcado el caso de la desaparición de las hermanas Daniela y
Virginia Ortiz Ramírez, denunciaron hoy una veintena de organismos no
gubernamentales en esta ciudad.
El próximo domingo 5 de julio
se cumplirán dos años de la desaparición de las dos jóvenes triquis, quienes
salieron de El Rastrojo para dirigirse a San Marcos Xinicuesta, destino al que
no llegaron, desde entonces su madre Antonia Ramírez ha pasado cada día
esperando que sus hijas entonces de 14 y 20 años aparezcan, dijo Emelia Ortiz
García, prima de las desaparecidas.
En conferencia de prensa
realizada en las instalaciones de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos
Humanos (Limeddh) Oaxaca, el coordinador de este organismo, Jonathan Hernández
Belmonte, apuntó que estos casi dos años han sido un camino de lucha,
desesperanza, sufrimiento para la familia que no han sido escuchadas en su
demanda de presentación con vida de Virginia y Daniela.
Expuso que pese a las
acciones realizadas por la familia de las hermanas Ortiz Ramírez, en
acompañamiento de las organizaciones no gubernamentales, “el Estado no ha dado
un trato digno y con responsabilidad al fenómeno de la violencia contra las
mujeres”.
En su momento, Yessica
Sánchez Maya refirió que los organismos “oficiales” defensoras de los derechos
humanos sólo han buscado argumentos para minimizar la gravedad de la
desaparición forzada de Daniela y Virginia, por un lado la Comisión Nacional de
Derechos Humanos sostiene que no existe materia, es decir, para la institución
el caso está finiquitado.
En tanto la Comisión
Oaxaqueña Defensora de Derechos Humanos “ha hecho una burda propuesta de
solución amistosa al Gobierno del Estado”, por lo que los familiares de
Virginia y Daniela reiteran su llamado de presentación con vida de Virginia y
Daniela que este 5 de julio cumplen dos años desaparecidas.
Los organismos defensores
de derechos humanos informaron que el próximo 10 de julio realizarán una
protesta más frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, donde exigirán una audiencia con el procurador y por la tarde habrá
una mesa de debate sobre la violencia en la zona Triqui.
Emelia Ortiz García pidió
la solidaridad de la sociedad oaxaqueña frente a la violencia que viven las
mujeres triquis, que tan sólo en este 2009 ha costado la vida a una mujer de
nombre Martina de Jesús Flores, el 14 de mayo 2009, y han resultado lesionadas
otras cuatro mujeres en emboscadas y ataques que siguen ocurriendo en la zona y
que se han recrudecido desde 2006.
AGREDEN A HIJA DE EMETERIO
CRUZ
Por otra parte Kerly Cruz,
hija de Emeterio Cruz, activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO), quien fue agredido en julio de 2007, fue agredida junto con su
familia, por policías del estado, denunció la joven quien apuntó que “con
jalones y empujones” elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los
encerraron en su casa y no los dejaron salir por espacio de más de una hora.
En entrevista, Kerly
señaló que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz realizó este jueves una acto público
en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, por lo que desde temprana hora
llegaron policías y taparon el andador B, Manzana 5 del Fraccionamiento Rancho
Aguayo, donde ellos viven, impidiendo el tránsito de las personas.
Expuso que a las 13 horas,
su mamá quien acababa de llegar de su trabajo fue a comprar tortillas pero los
policías no la dejaron pasar, por lo que ella (Kerly) dijo que con qué derecho
no les permitían el paso. La respuesta fue una serie de insultos de algunos de
los elementos de seguridad pública y uno de ellos le dio un puñetazo en la
boca.
Kerly reclamó y le indicó
al policía si la iba a golpear como lo habían hecho con su papá tras una
manifestación en julio de 2007, a lo que el policía que no identificó le indicó
que “no, que esta vez la mataría”.
Frente a estos hechos la
familia salió de su casa, incluyendo Emeterio Cruz, quien aún presenta secuelas
físicas de los golpes recibidos hace dos años, lo que provocó que unos 30
policías los llevarán hasta su casa a empujones y jalones y los encerraran en
su vivienda, de donde no los dejaron salir hasta una hora después cuando se
retiraron los grupos policíacos.
Kerly Cruz señaló que su
familia tiene interpuesta una denuncia contra el gobernador Ruiz Ortiz, y que
esta vez presentarán denuncias contra la Secretaría de Seguridad Pública, el
secretario particular del presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, de
nombre Julio y del presidente de la colonia, quienes alentaban a los policías
para que actuaran contra su familia.
Nosotros no teníamos
ningún interés de intervenir en el evento de Ruiz Ortiz, sin embargo hemos sido
reprimidos por policías que han violentado nuevamente nuestros derechos por lo
que de nueva cuenta presentarán denuncias.
REPORTAJE
* Daniela y Virginia, 2 años después de
su desaparición forzada
-- El caso podría llegar a la CoIDH
Por Lourdes Godínez Leal
Las jóvenes indígenas Daniela y
Virginia Ortiz Ramírez cumplen hoy dos años de desaparecidas.
Los esfuerzos de sus familiares para
que las autoridades investiguen han sido en vano. La denuncia interpuesta ante
el Ministerio Público de Juxtlahuaca nunca fue investigada.
Ubicada en la zona montañosa conocida
como Nudo Mixteco, la región triqui se divide en tres partes: la zona baja,
cuya cabecera municipal es San Juan Copala; la media, comprende San Martín Itunyoso,
y la alta, con sede en San Andrés Chicahuaxtla. Los pueblos triquis se
encuentran en tres municipios: Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla de Guerrero.
Las hermanas Ortiz Ramírez
desaparecieron el 5 de julio de 2007 de San Juan Copala, en el trayecto que va
a Santiago Juxtlahuaca. Virginia, con 20
años, era maestra de educación primaria
bilingüe; Daniela, estudiante, tenía 14 años.
Versiones de dos testigos ante el
Ministerio Público ubican por última vez a las jovencitas en una camioneta sin
placas, vendadas y amagadas con pistolas por miembros de la Unidad de Bienestar
Social de la Región Triqui, conocidos "por su alta peligrosidad".
Cinco días después, el 10 de julio,
doña Antonia Ramírez Cruz y Emelia Ortiz -madre y prima, respectivamente, de
las desparecidas- interpusieron la denuncia por desaparición forzada ante el
Ministerio Público, pero éste prefirió consignar la averiguación por "secuestro"
(a finales de ese mismo año), dice en entrevista telefónica Yésica Sánchez
Maya, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
La desaparición forzada ha sido una
forma de criminalizar la protesta social en el país y constituye una de las
peores formas de violación a los derechos humanos. Las mujeres indígenas son las
que más se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad por ser mujeres y por ser
indígenas, dijo la activista.
Aunque el gobierno ha negado la
existencia de tal práctica, las organizaciones civiles defensoras de derechos
humanos han documentado casos de desaparición forzada; el más representativo es
el Rosendo Radilla, que actualmente se encuentra en espera de sentencia en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También destacan los casos de dos
integrantes del Ejército Popular Revolucionario por cuya causa se constituyó
una comisión de mediación integrada por destacadas personalidades de los derechos
humanos, la academia y el periodismo.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Un mes después de interpuesta la
denuncia (10 de agosto), la madre y la prima de las desaparecidas se
entrevistaron con el procurador de Justicia de
Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez
Ramírez, para pedirle información sobre las indagatorias.
La respuesta del funcionario fue clara
y sarcástica, según reporta Raquel Sánchez, de la Limeddh: "No arriesgaría
a su gente" para buscar a las hermanas Ortiz. "Si quieres, puedes ir
a Putla, Juxtlahuaca o a la zona triqui a buscar a tu familia, hasta voy a
aplaudir si haces eso", respondió.
Las familiares acudieron también a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se limitó a "pactar con las
autoridades estatales una solución amistosa" cuya trascendencia es nula,
expresa Yésica Sánchez.
La familia se trasladó, entonces, a la
Ciudad de México en enero de 2008 y presentó la queja correspondiente ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El pasado junio, este organismo -el
mismo que en 2007 declaró que la muerte de la anciana indígena Ernestina
Ascencio, violada tumultuariamente por militares, se debió a una gastritis-
notificó a la madre de las triquis "que la queja no tenía materia",
basándose, dijo Sánchez Maya, en la "solución" amistosa de la
comisión estatal. Es evidente, destaca la activista, el desprecio de la CNDH
por las mujeres indígenas.
SIN ALERTA DE GÉNERO
En abril de 2008, un grupo de
organizaciones civiles de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Gobernación decretar
la alerta de violencia de género para la zona Triqui, debido al incremento de
las violaciones sexuales, asesinatos y desapariciones de mujeres.
Durante ese mismo año, diputadas
integrantes de la Comisión de Equidad y Género se comprometieron con Antonia y
Emelia para presentar un punto de acuerdo a fin de que el secretario general de
Gobierno, Manuel García Corpus, rindiera un informe sobre el caso. Las
legisladoras también se pronunciaron por exigir la declaratoria de la alerta.
Sin embargo, a decir de Sánchez Maya,
en ese entonces faltaba el Reglamento de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, que mandata la Alerta, lo
que "sirvió de pretexto" para que las legisladoras se
"desafanaran" del asunto.
Sánchez Maya precisa que la alerta no
se ha vuelto a solicitar debido a la presión social que las comunidades
ejercieron sobre Antonia y Emelia, con la excusa de que "la zona se
militarizaría, de exigir la alerta".
LA CIDH DOCUMENTA EL CASO
Durante su visita a Oaxaca en agosto de
2007, Florentín Meléndez, entonces presidente de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, conoció de primera mano el caso al entrevistarse con Antonia
y Emelia. Ante ellas se comprometió a que lo seguiría de cerca, lo cual ha
cumplido, recuerda Sánchez Maya, quien explica que la Limeddh lo ha mantenido
informado sobre la situación, misma que está documentada por la CIDH.
Ya la familia discute la posibilidad de
presentar el caso de las jóvenes desaparecidas ante la CIDH, platica a
Cimacnoticias Emelia Ortiz.
Aunque el caso cumple todos los
requisitos, la decisión dependerá de doña Antonia, decepcionada de las instancias
de justicia y de las autoridades, obligadas por ley a encontrar a sus hijas y
castigar a los responsables.
09/LGL/RMR/GG
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Daniela
y Virginia, 2 años después de su desaparición forzada
2009-07-05 • IMPRESO POLÍTICA
La denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de
Juxtlahuaca nunca fue investigada; la respuesta del procurador de Justicia de
Oaxaca fue clara: "No arriesgaría a su gente", para buscar a las dos
indígenas. Familiares de las víctimas consideran presentar el caso ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Foto: Oswaldo Ramírez
previa siguiente.
Las jóvenes indígenas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez cumplen
hoy dos años de desaparecidas. Los esfuerzos de sus familiares para que las
autoridades investiguen han sido en vano. La denuncia interpuesta ante el
Ministerio Público de Juxtlahuaca nunca fue investigada.
Ubicada en la zona montañosa conocida como Nudo Mixteco, la
región triqui se divide en tres partes: la zona baja, cuya cabecera municipal
es San Juan Copala; la media, comprende San Martín Itunyoso, y la alta, con
sede en San Andrés Chicahuaxtla. Los pueblos triquis se encuentran en tres
municipios: Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla de Guerrero.
Las hermanas Ortiz Ramírez desaparecieron el 5 de julio de 2007
de San Juan Copala, en el trayecto que va a Santiago Juxtlahuaca. Virginia, con
20 años, era maestra de educación primaria bilingüe; Daniela, estudiante, tenía
14 años.
Versiones de dos testigos ante el Ministerio Público ubican por
última vez a las jovencitas en una camioneta sin placas, vendadas y amagadas
con pistolas por miembros de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui,
conocidos “por su alta peligrosidad”.
Cinco días después, el 10 de julio, doña Antonia Ramírez Cruz y
Emelia Ortiz —madre y prima, respectivamente, de las desparecidas—
interpusieron la denuncia por desaparición forzada ante el Ministerio Público,
pero éste prefirió consignar la averiguación por “secuestro” (a finales de ese
mismo año), dice en entrevista telefónica Yésica Sánchez Maya, de la Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
La desaparición forzada ha sido una forma de criminalizar la
protesta social en el país y constituye una de las peores formas de violación a
los derechos humanos. Las mujeres indígenas son las que más se enfrentan a
situaciones de vulnerabilidad por ser mujeres y por ser indígenas, dijo la
activista.
Aunque el gobierno ha negado la existencia de tal práctica, las
organizaciones civiles defensoras de derechos humanos han documentado casos de
desaparición forzada; el más representativo es el Rosendo Radilla, que
actualmente se encuentra en espera de sentencia en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
También destacan los casos de dos integrantes del Ejército
Popular Revolucionario por cuya causa se constituyó una comisión de mediación
integrada por destacadas personalidades de los derechos humanos, la academia y
el periodismo.
Violencia
institucional
Un mes después de interpuesta la denuncia (10 de agosto), la
madre y la prima de las desaparecidas se entrevistaron con el procurador de
Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, para pedirle información
sobre las indagatorias.
La respuesta del funcionario fue clara y sarcástica, según
reporta Raquel Sánchez, de la Limeddh: “No arriesgaría a su gente” para buscar
a las hermanas Ortiz. “Si quieres, puedes ir a Putla, Juxtlahuaca o a la zona
triqui a buscar a tu familia, hasta voy a aplaudir si haces eso”, respondió.
Las familiares acudieron también a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, que se limitó a “pactar con las autoridades estatales una
solución amistosa” cuya trascendencia es nula, expresa Yésica Sánchez.
La familia se trasladó, entonces, a la Ciudad de México en enero
de 2008 y presentó la queja correspondiente ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
El pasado junio, este organismo —el mismo que en 2007 declaró
que la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio, violada
tumultuariamente por militares, se debió a una gastritis— notificó a la madre
de las triquis “que la queja no tenía materia”, basándose, dijo Sánchez Maya,
en la “solución” amistosa de la comisión estatal. Es evidente, destaca la
activista, el desprecio de la CNDH por las mujeres indígenas.
Sin
alerta de género
En abril de 2008, un grupo de organizaciones civiles de Oaxaca
solicitó a la Secretaría de Gobernación decretar la alerta de violencia de
género para la zona Triqui, debido al incremento de las violaciones sexuales,
asesinatos y desapariciones de mujeres. Durante ese mismo año, diputadas
integrantes de la Comisión de Equidad y Género se comprometieron con Antonia y
Emelia para presentar un punto de acuerdo a fin de que el secretario general de
Gobierno, Manuel García Corpus, rindiera un informe sobre el caso. Las
legisladoras también se pronunciaron por exigir la declaratoria de la alerta.
Sin embargo, a decir de Sánchez Maya, en ese entonces faltaba el
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, que mandata la Alerta, lo que “sirvió de pretexto” para que las
legisladoras se “desafanaran” del asunto.
Sánchez Maya precisa que la alerta no se ha vuelto a solicitar
debido a la presión social que las comunidades ejercieron sobre Antonia y
Emelia, con la excusa de que “la zona se militarizaría, de exigir la alerta”.
La
CIDH documenta el caso
Durante su visita a Oaxaca en agosto de 2007, Florentín
Meléndez, entonces presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, conoció de primera mano el caso al entrevistarse con Antonia y Emelia.
Ante ellas se comprometió a que lo seguiría de cerca, lo cual ha cumplido,
recuerda Sánchez Maya, quien explica que la Limeddh lo ha mantenido informado
sobre la situación, misma que está documentada por la CIDH.
Ya la familia discute la posibilidad de presentar el caso de las
jóvenes desaparecidas ante la CIDH, platica a Cimacnoticias Emelia Ortiz.
Aunque el caso cumple todos los requisitos, la decisión
dependerá de doña Antonia, decepcionada de las instancias de justicia y de las
autoridades, obligadas por ley a encontrar a sus hijas y castigar a los
responsables.
Disparos
La desaparición forzada ha sido una forma de criminalizar la
protesta social en el país y constituye una de las peores formas de violación a
los derechos humanos.
Escrito
por Revolucionemos Oaxaca
6 DE JULIO DE 2009.
|
Julio de 2009 23:52
|
Familiares de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez exigieron al procurador
General de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez, presente con vida a
las jóvenes triquis desparecidas hace dos años, el encargado de
facilitar la justicia en Oaxaca respondió que “el trabajo de la Procuraduría
concluyó” y que tenía que investigar más .
Antonia Ramírez madre de las desaparecidas y Emelia Ortiz, prima de
las mismas se entrevistaron ayer con el procurador General de Justicia del
Estado y le demandaron justicia para Daniela y Virginia. A continuación se
expone el diálogo que tuvieron en la Procuraduría General de Justicia del
Estado, y que se realizó con la presencia de activista de derechos humanos y
prensa local.
-Nosotros integramos debidamente una averiguación la cual concluyó con
una consignación, nosotros señalamos a cuatro presuntos responsables y
solicitamos al juez de Juxtlahuaca que se libraran las órdenes de
aprehensión, el juez libró las órdenes de aprehensión y nosotros solicitamos
a la Agencia Estatal de Investigaciones que procediera a la captura de estas
personas, ese el trabajo de la Procuraduría, el trabajo de la Procuraduría
está hecho - señaló serenamente el procurador General de Justicia del Estado.
- ¡Pero parece que falta la seriedad en el trabajo de ustedes! Porque hace un año, lo mismo dijo usted... ya van dos años y no se han ejecutado las órdenes de aprehensión, lo que venimos a exigir es que nos presente a nuestras familiares, porque usted como funcionario no siente el dolor que estamos sintiendo. Venimos a exigirle justicia, vemos que en la zona Triqui hay lesionadas, desaparecidas, muertas, pero no hay ningún detenido. Es lamentable que pase esto en este Estado donde dicen que hay justicia, pero nosotras no tenemos justicia - sentenció Emelia Ortiz, prima de las desaparecidas.
Parecía que sus argumentos no podían tener respuesta, entonces...
- Quiero que traiga vivas a mis hijas, ya estoy desesperada, ya son dos años ahorita, haga usted justicia, ya no aguanto el dolor - manifestó, con la voz entrecortada, Antonia Ramírez, madre de las desaparecidas.
Así continuaron los reclamos para el Procurador, pero él no podía
perder la compostura frente a sus guaruras quienes lucían sus armas de fuego
y demás empleados que lo acompañaban.
- Hace más de un año fueron unos policías a ver a mi tía y le dijeron que fuera con ellos para asustar a los responsables, ¿Cómo una autoridad va a decir eso señor? Está bien que seamos indígenas, pero no nos vea la cara porque eso es una discriminación hacia nosotras - le exigió Emelia Ortiz. -Yo les comento que el trabajo de la Procuraduría concluyó al emitir las averiguaciones, no tenemos más que investigar porque ya hemos señalado a cuatro personas - dijo muy seguro el Procurador, y más seguro aún, mencionó a las autoridades que les competería dar nuevas respuestas a la familia de Daniela y Virginia, porque él, como Procurador de Justicia, ya no podía procurar la justicia en dicho caso.
- Ahora viene la ejecución de las órdenes de aprehensión, pero eso ya
no le corresponde a la Procuraduría, eso corresponde a la Secretaría de
Seguridad Pública- sentenció.
Después, familiares y activistas exigieron que se iniciara una
averiguación previa por desaparición forzada, porque la averiguación actual
es por secuestro pero a la familia de Daniela y Virginia, jamás se le ha
pedido dinero para el rescate. Y el Procurador indicó que “analizaría la
petición para iniciar una nueva averiguación“.
Así terminó así la entrevista, así inició un día más sin respuestas
para la familia de Daniela y Virginia, su rabia y desesperación se volverán a
guardar en sus cuerpos, porque pareciera que afuera ya no se escuchan entre
tanto cinismo e impunidad.
|
Presentarán
ante la CIDH el caso de las hermanas triquis desaparecidas
Martes
7 de julio de 2009
Oaxaca, México.- Familiares de las víctimas consideran presentar
el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que la
denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de Juxtlahuaca nunca fue
investigada; la respuesta del procurador de Justicia de Oaxaca fue clara: “No
arriesgaría a su gente”, para buscar a las dos indígenas.
Las jóvenes indígenas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez cumplen hoy
dos años de desaparecidas. Los esfuerzos de sus familiares para que las
autoridades investiguen han sido en vano. La denuncia interpuesta ante el
Ministerio Público de Juxtlahuaca nunca fue investigada.
Ubicada en la zona montañosa conocida como Nudo Mixteco, la región
triqui se divide en tres partes: la zona baja, cuya cabecera municipal es San
Juan Copala; la media, comprende San Martín Itunyoso, y la alta, con sede en
San Andrés Chicahuaxtla. Los pueblos triquis se encuentran en tres municipios:
Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla de Guerrero.
Las hermanas Ortiz Ramírez desaparecieron el 5 de julio de 2007 de
San Juan Copala, en el trayecto que va a Santiago Juxtlahuaca. Virginia, con 20
años, era maestra de educación primaria bilingüe; Daniela, estudiante, tenía 14
años.
Versiones de dos testigos ante el Ministerio Público ubican por
última vez a las jovencitas en una camioneta sin placas, vendadas y amagadas
con pistolas por miembros de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui,
conocidos “por su alta peligrosidad”.
Cinco días después, el 10 de julio, doña Antonia Ramírez Cruz y
Emelia Ortiz —madre y prima, respectivamente, de las desparecidas—
interpusieron la denuncia por desaparición forzada ante el Ministerio Público,
pero éste prefirió consignar la averiguación por “secuestro” (a finales de ese
mismo año), dice en entrevista telefónica Yésica Sánchez Maya, de la Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
La desaparición forzada ha sido una forma de criminalizar la
protesta social en el país y constituye una de las peores formas de violación a
los derechos humanos. Las mujeres indígenas son las que más se enfrentan a
situaciones de vulnerabilidad por ser mujeres y por ser indígenas, dijo la activista.
Aunque el gobierno ha negado la existencia de tal práctica, las
organizaciones civiles defensoras de derechos humanos han documentado casos de
desaparición forzada; el más representativo es el Rosendo Radilla, que
actualmente se encuentra en espera de sentencia en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
También destacan los casos de dos integrantes del Ejército Popular
Revolucionario por cuya causa se constituyó una comisión de mediación integrada
por destacadas personalidades de los derechos humanos, la academia y el
periodismo.
Violencia institucional
Un mes después de interpuesta la denuncia (10 de agosto), la madre
y la prima de las desaparecidas se entrevistaron con el procurador de Justicia
de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, para pedirle información sobre las
indagatorias.
La respuesta del funcionario fue clara y sarcástica, según reporta
Raquel Sánchez, de la Limeddh: “No arriesgaría a su gente” para buscar a las
hermanas Ortiz. “Si quieres, puedes ir a Putla, Juxtlahuaca o a la zona triqui
a buscar a tu familia, hasta voy a aplaudir si haces eso”, respondió.
Las familiares acudieron también a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, que se limitó a “pactar con las autoridades estatales una solución
amistosa” cuya trascendencia es nula, expresa Yésica Sánchez.
La familia se trasladó, entonces, a la Ciudad de México en enero
de 2008 y presentó la queja correspondiente ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
El pasado junio, este organismo —el mismo que en 2007 declaró que
la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio, violada tumultuariamente
por militares, se debió a una gastritis— notificó a la madre de las triquis
“que la queja no tenía materia”, basándose, dijo Sánchez Maya, en la “solución”
amistosa de la comisión estatal. Es evidente, destaca la activista, el
desprecio de la CNDH por las mujeres indígenas.
Sin alerta de género
En abril de 2008, un grupo de organizaciones civiles de Oaxaca
solicitó a la Secretaría de Gobernación decretar la alerta de violencia de
género para la zona Triqui, debido al incremento de las violaciones sexuales,
asesinatos y desapariciones de mujeres.
Durante ese mismo año, diputadas integrantes de la Comisión de
Equidad y Género se comprometieron con Antonia y Emelia para presentar un punto
de acuerdo a fin de que el secretario general de Gobierno, Manuel García
Corpus, rindiera un informe sobre el caso. Las legisladoras también se
pronunciaron por exigir la declaratoria de la alerta.
Sin embargo, a decir de Sánchez Maya, en ese entonces faltaba el
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, que mandata la Alerta, lo que “sirvió de pretexto” para que las
legisladoras se “desafanaran” del asunto.
Sánchez Maya precisa que la alerta no se ha vuelto a solicitar
debido a la presión social que las comunidades ejercieron sobre Antonia y
Emelia, con la excusa de que “la zona se militarizaría, de exigir la alerta”.
La CIDH documenta el caso
Durante su visita a Oaxaca en agosto de 2007, Florentín Meléndez,
entonces presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conoció
de primera mano el caso al entrevistarse con Antonia y Emelia. Ante ellas se
comprometió a que lo seguiría de cerca, lo cual ha cumplido, recuerda Sánchez
Maya, quien explica que la Limeddh lo ha mantenido informado sobre la
situación, misma que está documentada por la CIDH.
Ya la familia discute la posibilidad de presentar el caso de las
jóvenes desaparecidas ante la CIDH, platica a Cimacnoticias Emelia Ortiz.
Aunque el caso cumple todos los requisitos, la decisión dependerá
de doña Antonia, decepcionada de las instancias de justicia y de las
autoridades, obligadas por ley a encontrar a sus hijas y castigar a los
responsables.
Disparos
La desaparición forzada ha sido una forma de criminalizar la
protesta social en el país y constituye una de las peores formas de violación a
los derechos humanos.
Sólo la familia las
busca.
Las jóvenes triquis, Daniela y Virginia, 2 años desaparecidas
La desaparición forzada ha sido una forma de criminalizar la
protesta social
México DF, Viernes 10 de julio
de 2009,
por Lourdes
Godínez Leal/AmecoPress/CIMAC.
Mexico D.F. 8 julio 09. AmecoPress/CIMAC.- Las jóvenes indígenas
Daniela y Virginia Ortiz Ramírez cumplen dos años de desaparecidas. Los
esfuerzos de sus familiares para que las autoridades investiguen han sido en
vano. La denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de Juxtlahuaca nunca
fue investigada.
La denuncia interpuesta ante el
Ministerio Público de Juxtlahuaca nunca fue investigada; la respuesta del
procurador de Justicia de Oaxaca fue clara: "No arriesgaría a su
gente", para buscar a las dos indígenas. Familiares de las víctimas consideran
presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La región triqui está ubicada
en la zona montañosa conocida como Nudo Mixteco. Los pueblos triquis se
encuentran en tres municipios: Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla de Guerrero.
Las hermanas Ortiz Ramírez
desaparecieron el 5 de julio de 2007 de San Juan Copala, en el trayecto que va
a Santiago Juxtlahuaca. Virginia, con 20 años, era maestra de educación
primaria bilingüe; Daniela, estudiante, tenía 14 años.
Versiones de dos testigos ante
el Ministerio Público ubican por última vez a las jovencitas en una camioneta
sin placas, vendadas y amagadas con pistolas por miembros de la Unidad de
Bienestar Social de la Región Triqui, conocidos "por su alta
peligrosidad".
Cinco días después, el 10 de
julio, doña Antonia Ramírez Cruz y Emelia Ortiz -madre y prima,
respectivamente, de las desparecidas- interpusieron la denuncia por
desaparición forzada ante el Ministerio Público, pero éste prefirió consignar
la averiguación por secuestro" (a finales de ese mismo año), dice en
entrevista telefónica Yésica Sánchez Maya, de la Liga Mexicana por la Defensa
de los Derechos Humanos (Limeddh).
La desaparición forzada ha sido
una forma de criminalizar la protesta social en el país y constituye una de las
peores formas de violación a los derechos humanos. Las mujeres indígenas son
las que más se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad por ser mujeres y por
ser indígenas, dijo la activista.
Aunque el gobierno ha negado la
existencia de tal práctica, las organizaciones civiles defensoras de derechos
humanos han documentado casos de desaparición forzada; el más representativo es
el Rosendo Radilla, que actualmente se encuentra en espera de sentencia en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También destacan los casos de
dos integrantes del Ejército Popular revolucionario por cuya causa se
constituyó una comisión de mediación integrada por destacadas personalidades de
los derechos humanos, la academia y el periodismo.
Un mes después de interpuesta
la denuncia (10 de agosto), la madre y la prima de las desaparecidas se
entrevistaron con el procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez
Ramírez, para pedirle información sobre las indagatorias.
La respuesta del funcionario
fue clara y sarcástica, según reporta Raquel Sánchez, de la Limeddh: "No
arriesgaría a su gente" para buscar a las hermanas Ortiz. "Si
quieres, puedes ir a Putla, Juxtlahuaca o a la zona triqui a buscar a tu
familia, hasta voy a aplaudir si haces eso", respondió.
Las familiares acudieron
también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se limitó a "pactar
con las autoridades estatales una solución amistosa" cuya trascendencia es
nula, expresa Yésica Sánchez.
La familia se trasladó,
entonces, a la Ciudad de México en enero de 2008 y presentó la queja
correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin Alerta de género
En abril de 2008, un grupo de
organizaciones civiles de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Gobernación
decretar la alerta de violencia de de las violaciones sexuales, asesinatos y
desapariciones de mujeres. Durante ese mismo año, diputadas integrantes de la
Comisión de Equidad y Género se comprometieron con Antonia y Emelia para
presentar un punto de acuerdo a fin de que el secretario general de Gobierno,
Manuel García Corpus, rindiera un informe sobre el caso.Las legisladoras
también se pronunciaron por exigir la declaratoria de la alerta.
Sin embargo, a decir de Sánchez
Maya, en ese entonces faltaba el Reglamento de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que introduce la Alerta, lo que
"sirvió de pretexto" para que las legisladoras se desentendieran del
asunto.
Sánchez Maya precisa que la
alerta no se ha vuelto a solicitar debido a la presión social que las comunidades
ejercieron sobre Antonia y Emelia, con la excusa de que "la zona se
militarizaría, de exigir la alerta".
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos documenta el caso
Durante su visita a Oaxaca en
agosto de 2007, Florentín Meléndez, entonces presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, conoció de primera mano el caso al
entrevistarse con Antonia y Emelia. Ante ellas se comprometió a que lo seguiría
de cerca, lo cual ha cumplido, recuerda Sánchez Maya, quien explica que la Limeddh
lo ha mantenido informado sobre la situación, misma que está documentada por la
CIDH.
Ya la familia discute la
posibilidad de presentar el caso de las jóvenes desaparecidas ante la CIDH.
Aunque el caso cumple todos los requisitos, la decisión dependerá de doña
Antonia, decepcionada de las instancias de justicia y de las autoridades,
obligadas por ley a encontrar a sus hijas y castigar a los responsables.
Yo sólo quiero que las
busquen
“He pedido, sigo pidiendo que
las autoridades busquen a mis hijas porque no sabemos dónde están; les pedimos
que las traigan vivas… Él sabe, él puede mandar a su gente a investigar,
nosotros no, no podemos salir –dice Antonia. Se refiere al procurador de
Oaxaca.
“Ya pasaron dos años y no hay
avances, no hay nada, todo se quedó como si nada hubiera pasado, como si yo no
hubiera perdido a dos hijas, no hay justicia, ellas no aparecen.
“¡Por favor, que las busquen,
que las traigan vivas!”, suplica y vuelve a recordar la promesa del procurador
Evencio Nicolás Martínez Ramírez: “en 15 días vamos a agarrar a los culpables”.
La desaparición forzada ha sido
una forma de criminalizar la protesta social en el país y constituye una de las
peores formas de violación a los derechos humanos.
Fotos: Archivo
AmecoPress. Agencias. Antonia, Emelia y Adriana, madre y tías de las
desaparecidas. Mujeres triquis.
Exigen
presentación de dos triquis desaparecidas
Se
manifiestan organizaciones frente a la PGJE
Lunes 13 de julio de
2009
Verónica
Velásquez Osorio Familiares y amigos de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez,
-jóvenes triquis desaparecidas desde hace dos años- se manifestaron este
viernes en el crucero de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
(PGJE), para exigir la aparición con vida de las féminas. En la protesta,
participaron activistas de las organizaciones civiles, Consorcio para el
Diálogo Parlamentario y la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos
Humanos, (LIMEDH), quienes exigieron, al procurador, Evencio Nicolás Martínez
Ramírez, dar resultados sobre ambos casos.
Emelia Ortiz, prima de las jóvenes desaparecidas, denunció que a
dos años de la desaparición de sus familiares, ninguna autoridad estatal, ni
nacional, se ha preocupado por dar con el paradero de Virginia y Daniela.
Dijo que no obstante del tiempo transcurrido, los padres de
familia de las jóvenes, mantienen la esperanza de encontrarlas con vida.
Aunque reconoció que la zona triqui, sigue siendo una región de
una alta violencia, Emelia Ortiz, exigió la aparición de sus primas, “y las
queremos vivas para que respondan quién las secuestró, si fueron golpeadas o
qué les hicieron”, expuso.
La joven activista, denunció que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, tampoco ha mostrado mayor interés por la aparición de sus
primas.
“Denunciamos y condenamos que la CNDH, no se ha atrevido para
exigir al estado la aparición con vida de Virginia y Daniela, sino por el
contrario, lo único que ha hecho, es buscar argumentos para minimizar la
gravedad de la desaparición forzada de mis primas, según la CNDH, no existe materia
y por lo tanto no puede conocer del asunto, esto es injusto en todos los
sentidos”, denunció Emelia.
Las activistas y familiares de Daniela y Virginia, realizaron una
marcha mitin del crucero de la procuraduría hasta las oficinas de esta
instancia, en dónde, exigieron al abogado del estado, Evencio Nicolás Martínez
Ramírez, la aparición con vida de ambas jóvenes.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la LIMEDH, también
llevaron acabo una mesa debate sobre la violencia en la región Triqui.
Cabe destacar que Daniel y Virginia, fueron desaparecidas el 5 de
julio de 2007.
LA
COLUMNA ROTA
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. México
es uno de los países fundadores de la Asamblea es miembro desde 1945, y es aquí
donde una vez más choca la demagogia y la realidad. Está bien claro que en
México se violentan cada uno de los treinta artículos que conforman la
declaración Universal, pero una vez más centrémonos en Oaxaca.
Hace unos días realice una entrevista en video http://www.youtube.com/watch?v=PXPs0usMsFU a cuatro mujeres.
Las voces de cuatro mujeres las cuales en su dolor le reiteran a
este gobierno la forma en la que escupe sobre los derechos humanos. Y más aún
las ha dejado pasar como si ellas hubieran dejado de existir.
Emelia Ortiz y su eterna tristeza. Mujer triqui, violentada desde el inicio de su vida en su comunidad. Desde hace más de dos años ha denunciado la desaparición de sus primas Virginia y Daniela ( julio 5, de 2007). El artículo 2; refiere que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Libia Martínez Moreno, hermana de Juan Manuel quien injustamente
ha sido acusado de la muerte de Brad Will. El viacrucis de Libia así como el de
toda su familia inicio el 16 de octubre de 2008. La desesperación es lo que
atrapa en la desesperanza a Libia: “Hemos presentado todas las pruebas de que
él ni siquiera estuvo ahí el día de los hechos y nada.Se empeñan por todos
lados en hacerlo responsable de un crimen que no cometió”. (Artículo 9. Nadie
podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.)
Leticia Valdés Martell. La defensa de nuestros niños y el miedo
de la sociedad. La pederastia es un tema tan negado por las sociedades Más aun
cuando quien lo ha cometido se encuentra cerca de quien ostenta el poder.
Leticia lleva tres años pidiendo justicia. Su pequeño hijo, en aquel entonces
de 4 años, lastimado, descalificado, olvidado, desprotegido; ella injuriada
infinidad de veces. Sin embargo, dice:“ No voy a parar hasta que los violadores
de mi hijo paguen por el daño que le han hecho; debo contribuir para evitar que
a cualquiera de nuestros niños les pase”. (Artículo 12; Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
tales injerencias o ataques.)
Nadin Reyes Maldonado. La mirada del enojo y del dolor que Nadin
lleva desde hace dos años por la desaparición de su padre, acusado de
pertenecer a la guerrilla del EPR. Es un caso más negado por las autoridades “
¿En México no existe la desaparición forzada?, entonces que me regresen a mi
papá, que lo encuentren, que me digan dónde está, ellos lo tienen y no voy a
parar hasta encontrarlo” (mayo 25 de 2007) (Artículo 3; Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona).
Estos cuatro casos son una pequeña muestra de lo pobre que se
encuentra el país entero en este tema.
Y en este sentido, el gobierno de Ulises Ruiz y camarilla,
señalado por la SCJN de ser responsable de violaciones a garantías cometidas
durante 2006. Y eso que no contaron los hechos anteriores y posteriores a ese
año “Es inaudito como éste gobernador con toda la calma dice: no me preocupa
una recomendación más de la corte”.
En efecto no le preocupa porque nada pasa, todo se queda igual. Y los derechos humanos en el estado sólo son pretexto para tener algunas oficinas funcionando. Pero centrémonos en nuestra realidad. Sólo esto puede pasar en MÈXICO.
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